2022-05-27

Apenas lleva diez días en el poder en Honduras y Xiomara Castro ya ha logrado que el pasado miércoles el Congreso aprobara la Ley de Amnistía para la liberación de los ‘presos políticos y de conciencia’ que fueron víctimas del Golpe de Estado. Tras ser promulgada por Castro, este sábado fue publicada en el Diario Oficial de Honduras esta normativa, que concede amnistía “general, amplia e incondicional” en favor de las personas en contra de quienes “se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación”. No obstante, esta medida solo afectará a los funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental durante el Gobierno de Manuel Zelaya entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado militar contra el hoy marido de la actual Presidenta de Honduras.

Así, la Ley perdonará a quienes estén acusados o procesados criminalmente por “oponerse y protestar” contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados. La denominada ‘Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan’ también beneficia a quienes se manifestaron en contra del golpe de Estado contra Zelaya y fueron “reprimidos por acciones policiales y militares y criminalizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas”.

Asimismo, serán liberadas de cualquier persecución penal aquellas personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades y cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia “por motivaciones políticas, en un contexto de anormalidad democrática” y en el marco de un golpe de Estado que “impuso una dictadura represiva hasta la fecha”.

La normativa va más allá y concreta que al menos 22 delitos penales en vigor desde 1983 se verán afectados por la absolución a los que habrá que sumar otros 31 delitos del nuevo Código, entre los que se encuentran abuso de autoridad, malversación de caudales, fraude en perjuicio de la administración pública, terrorismo, sedición y enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados.

Por ello, ordena a los juzgados y tribunales, Ministerio Público y demás dependencias policiales, militares y penitenciarias, en las cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por el presente Decreto, proceder al cierre administrativo de los mismos y al archivo de las diligencias en lo que atañe a los hechos punibles comprendidos por esta Ley.

“DECRETO DE IMPUNIDAD”

La normativa ha provocado ya el rechazo de varios sectores del país centroamericano, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que tachan la normativa como un “decreto de impunidad a los responsables de actos de corrupción entre el 2006 y el 2009”. Así, ambos organismos identificaron un total de 68 artículos que hacen referencia a distintos delitos con penas que van de 1 a 15 años de prisión, que estarían siendo perdonados si se aplica la amnistía contemplada en el Decreto y que, “en su mayoría, son delitos de corrupción o delitos comunes, es decir, que no son conexos a los delitos políticos”.

De este modo, estiman “inconcebible” que sean objeto de amnistía delitos contra la administración pública, delitos contra el patrimonio o propiedad y contra la libertad”, teniendo en cuenta que se dejará en impunidad “actos de corrupción que ocurrieron en el ejercicio de sus funciones y no bajo el golpe de Estado”. Por ello, critican que el objetivo de la ley no es otro que “eximir de responsabilidad a quienes se vieron involucrados en actos de corrupción durante la gestión del expresidente Manuel Zelaya“, quien hoy se ha convertido en asesor del nuevo Gobierno de su esposa, Xiomara Castro.

En esta línea, tanto la COHEP como CNA advierten de que “no se pueden sentar precedentes que servirán como herramientas para en el futuro provocar impunidad en el país”, dado que, en su opinión, “se están adoptando decisiones que vienen a fortalecer la impunidad y que traen consigo un clima de inseguridad jurídica, eximiendo de responsabilidad a funcionarios públicos”.

No obstante, la Ley establece la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de las Naciones Unidas, que funciones de “forma independiente efectuando las investigaciones”, con énfasis en las acciones punitivas para “combatir frontalmente el saqueo de los bienes públicos”. Se tratará, por tanto, de un organismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato finalizó el 3 de septiembre de 2019, después de que el entonces Presidente, Jimmy Morales, decidiera no renovar este organismo que funcionó en ese país centroamericano durante 10 años y que logró encarcelar en septiembre de 2015 al expresidente Otto Pérez Molina, quien aún guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción.

VACÍO DE PODER EN EL LEGISLATIVO

La polémica Ley, que también condena el golpe de Estado contra Zelaya a siete meses de que concluyera su mandato, ha sido aprobada en un contexto de “vacío en la titularidad del Poder Legislativo”, según denuncian la COHEP y la CNA, teniendo en cuenta que desde el pasado 23 de enero, el Parlamento de Honduras cuenta con dos juntas directivas. Por un lado, la presidida por Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), que cuenta con el apoyo de Xiomara Castro y que apoyó la aprobación de la Ley y, por otro, la Junta presidida por Jorge Cálix, diputado disidente del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y que se opone a la amnistía.

Esta bipolaridad en el Congreso se debe a que 20 de los 50 diputados de Libre, el partido de Xiomara Castro, rompieron la disciplina de voto y, en lugar de apoyar para la Presidencia de la Cámara legislativa al candidato del Partido Salvador de Honduras, optaron por votar a su propio candidato Jorge Cálix como titular de la junta directiva provisional del Legislativo, con el apoyo de los 44 legisladores del Partido Nacional y 18 de los 22 diputados del Partido Liberal.

Ello provocó que la nueva Presidenta de Honduras expulsara a 18 de los disidentes del partido a los que tachó de “traidores”, teniendo en cuenta que dos rectificaron y finalmente apoyaron al candidato oficialista. En una nueva votación, consiguió que se nombrara a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como Presidente de la Cámara, tal como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, el partido Libre, que contaba con 50 de los 128 diputados del Parlamento, estará representado ahora únicamente por 32, lo que dificultará la estabilidad en esta legislatura.

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