Chile ha expulsado este miércoles a un total de 138 migrantes en medio de la tensión migratoria que se registra en la zona norte del país. Vestidos con equipos de protección contra la covid-19, 86 ciudadanos venezolanos y colombianos fueron escoltados hasta el avión por policías, mientras otras 52 personas eran deportadas en autobuses hacia Perú y Bolivia como parte del denominado Plan Colchane, anunciado durante el martes y con el que el Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera busca dar una señal de tolerancia cero hacia la inmigración irregular.

Aunque viene de lejos, la crisis se intensificó el pasado 1 de febrero, tras el ingreso irregular de miles de inmigrantes a la comuna de Colchane, una pequeña localidad fronteriza con Bolivia de apenas 1.700 habitantes, en su mayoría de ascendencia Aymara, ubicada a casi 2.000 kilómetros de Santiago, y cuyo acceso a servicios básicos como luz, agua potable y alcantarillados es inexistente o solo se encuentra disponible durante algunas horas. La crisis, además, se vio agudizada tras la muerte de dos personas —de origen venezolano y colombiano— provocada presuntamente por las bajas temperaturas de esta zona, emplazada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y que en esta época del año registra altas temperaturas en el día y termómetros bajo cero por la noche.

En declaraciones a EL PAÍS, el alcalde de la localidad, Javier García Choque, ha señalado que el lugar vive “un momento de colapso, con 1.800 migrantes”, lo que supera a la población total de la zona y ha provocado la saturación de los servicios básicos de una comuna que ya de por sí carece de las infraestructuras fundamentales (además de agua y electricidad, farmacias o supermercados) para “poder responder a las necesidades de las personas, que han vivido violaciones a sus derechos humanos”, añadió.

“Esto un hito, porque es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva. Son personas que no han cometido delitos graves, que no tienen familia en Chile, que no son padres de familia ni tienen hijos acá, y lo que corresponde, como dice la ley, es que sean expulsadas. Lo que queremos dar con esto es una muy potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio por nuestras fronteras”, explicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien detalló que del total de expulsados solo 11 contaban con procesos judiciales pendientes.

Delgado llegó a la zona acompañado del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y del canciller, Andrés Allamand, quien adelantó que se realizará “una campaña muy intensa de difusión en el extranjero” para informar sobre las medidas que está adoptando el Gobierno chileno. “Particularmente, para quienes ingresen irregularmente, va a ser la expulsión”, subrayó.

En paralelo, cientos de migrantes siguen apostados en Colchane sin alternativas. Es el caso de Jesús Eduardo García, quien, según trasladan fuentes municipales, comenzó su travesía migratoria hace tres años y medio en Mérida, en el noroeste de Venezuela, para reencontrarse con sus familiares que residen Chile. “Como extranjeros vemos que Chile es un país primermundista, desarrollado, que te brinda más oportunidades cuando logras legalizarte”, relató al departamento de prensa del consistorio.

Su trayecto, dice, fue complejo. Primero llegó a Perú, donde estuvo casi tres años, y en medio de la falta de oportunidades por la pandemia del coronavirus cruzó a Bolivia, donde contrató un tronquero, como se conoce a los camiones que entran en Chile con migrantes a través de pasos no habilitados. Pero al llegar a Colchane todo se puso cuesta arriba: “Ha sido un poco difícil, la comida, el clima, el hospedaje, porque no teníamos resguardo de nada”.

En medio de la llegada masiva de inmigrantes, el alcalde García Choque pidió al Gobierno recurrir a la diplomacia para buscar una solución al problema. El regidor calificó el plan de La Moneda como “una pirotecnia comunicacional que solo busca entregar una tranquilidad aparente a la población chilena” frente a una crisis “que cada vez está más descontrolada”.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, aseguró que las autoridades “no informaron sobre sus derechos” a los migrantes expulsados. “No les dijeron que podían recurrir a los tribunales del país para pedir un recurso de protección o de amparo. Estamos bien impresionados con la rapidez que se llevaron a cabo estos actos administrativos”, manifestó en una entrevista con TVN.

El Gobierno de Piñera se sitúa en el lado opuesto de la política emprendida por Colombia, que busca regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en su territorio mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años.

Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, entidad que brinda apoyo y asesoría a personas que llegan a Chile en busca de mejores oportunidades, señaló en Radio Concierto que “es muy impresionante que esta sea la respuesta estatal de Chile, mientras otros países como Colombia —que ha recibido una cantidad aún mayor de personas y que tiene problemas internos importantísimos— hayan sido capaces de mirar esto en una lógica de protección”.

Rodríguez enfatizó que se trata de personas que “no salen por voluntad propia de su país sino porque las condiciones son muy duras, complejas, y que incluso toman decisiones como cruzar el altiplano, el desierto, cruzar todo el continente entero a pie, arriesgando su vida, porque para ellos la posibilidad de sobrevivencia es mayor que en su país de origen”.