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2021-02-26 Chile expulsa a 138 migrantes varados en la frontera con Bolivia

Chile expulsa a 138 migrantes varados en la frontera con Bolivia

La mayoría de los expulsados por el Gobierno de Piñera, que busca una señal de tolerancia cero, son Venezolanos y Colombianos

Chile ha expulsado este miércoles a un total de 138 migrantes en medio de la tensión migratoria que se registra en la zona norte del país. Vestidos con equipos de protección contra la covid-19, 86 ciudadanos venezolanos y colombianos fueron escoltados hasta el avión por policías, mientras otras 52 personas eran deportadas en autobuses hacia Perú y Bolivia como parte del denominado Plan Colchane, anunciado durante el martes y con el que el Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera busca dar una señal de tolerancia cero hacia la inmigración irregular.


Aunque viene de lejos, la crisis se intensificó el pasado 1 de febrero, tras el ingreso irregular de miles de inmigrantes a la comuna de Colchane, una pequeña localidad fronteriza con Bolivia de apenas 1.700 habitantes, en su mayoría de ascendencia Aymara, ubicada a casi 2.000 kilómetros de Santiago, y cuyo acceso a servicios básicos como luz, agua potable y alcantarillados es inexistente o solo se encuentra disponible durante algunas horas. La crisis, además, se vio agudizada tras la muerte de dos personas —de origen venezolano y colombiano— provocada presuntamente por las bajas temperaturas de esta zona, emplazada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y que en esta época del año registra altas temperaturas en el día y termómetros bajo cero por la noche.

En declaraciones a EL PAÍS, el alcalde de la localidad, Javier García Choque, ha señalado que el lugar vive “un momento de colapso, con 1.800 migrantes”, lo que supera a la población total de la zona y ha provocado la saturación de los servicios básicos de una comuna que ya de por sí carece de las infraestructuras fundamentales (además de agua y electricidad, farmacias o supermercados) para “poder responder a las necesidades de las personas, que han vivido violaciones a sus derechos humanos”, añadió.

“Esto un hito, porque es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva. Son personas que no han cometido delitos graves, que no tienen familia en Chile, que no son padres de familia ni tienen hijos acá, y lo que corresponde, como dice la ley, es que sean expulsadas. Lo que queremos dar con esto es una muy potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio por nuestras fronteras”, explicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien detalló que del total de expulsados solo 11 contaban con procesos judiciales pendientes.

Delgado llegó a la zona acompañado del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y del canciller, Andrés Allamand, quien adelantó que se realizará “una campaña muy intensa de difusión en el extranjero” para informar sobre las medidas que está adoptando el Gobierno chileno. “Particularmente, para quienes ingresen irregularmente, va a ser la expulsión”, subrayó.

En paralelo, cientos de migrantes siguen apostados en Colchane sin alternativas. Es el caso de Jesús Eduardo García, quien, según trasladan fuentes municipales, comenzó su travesía migratoria hace tres años y medio en Mérida, en el noroeste de Venezuela, para reencontrarse con sus familiares que residen Chile. “Como extranjeros vemos que Chile es un país primermundista, desarrollado, que te brinda más oportunidades cuando logras legalizarte”, relató al departamento de prensa del consistorio.

Su trayecto, dice, fue complejo. Primero llegó a Perú, donde estuvo casi tres años, y en medio de la falta de oportunidades por la pandemia del coronavirus cruzó a Bolivia, donde contrató un tronquero, como se conoce a los camiones que entran en Chile con migrantes a través de pasos no habilitados. Pero al llegar a Colchane todo se puso cuesta arriba: “Ha sido un poco difícil, la comida, el clima, el hospedaje, porque no teníamos resguardo de nada”.

En medio de la llegada masiva de inmigrantes, el alcalde García Choque pidió al Gobierno recurrir a la diplomacia para buscar una solución al problema. El regidor calificó el plan de La Moneda como “una pirotecnia comunicacional que solo busca entregar una tranquilidad aparente a la población chilena” frente a una crisis “que cada vez está más descontrolada”.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, aseguró que las autoridades “no informaron sobre sus derechos” a los migrantes expulsados. “No les dijeron que podían recurrir a los tribunales del país para pedir un recurso de protección o de amparo. Estamos bien impresionados con la rapidez que se llevaron a cabo estos actos administrativos”, manifestó en una entrevista con TVN.

El Gobierno de Piñera se sitúa en el lado opuesto de la política emprendida por Colombia, que busca regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en su territorio mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años.

Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, entidad que brinda apoyo y asesoría a personas que llegan a Chile en busca de mejores oportunidades, señaló en Radio Concierto que “es muy impresionante que esta sea la respuesta estatal de Chile, mientras otros países como Colombia —que ha recibido una cantidad aún mayor de personas y que tiene problemas internos importantísimos— hayan sido capaces de mirar esto en una lógica de protección”.

Rodríguez enfatizó que se trata de personas que “no salen por voluntad propia de su país sino porque las condiciones son muy duras, complejas, y que incluso toman decisiones como cruzar el altiplano, el desierto, cruzar todo el continente entero a pie, arriesgando su vida, porque para ellos la posibilidad de sobrevivencia es mayor que en su país de origen”.

2021-02-25 Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela

Maduro ordena la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela

El chavismo reacciona al último paquete de sanciones y también entrega notas de protesta a España, Alemania, Francia y Países Bajos


El chavismo elevó este miércoles la tensión con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del Gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra el régimen. Venezuela ordenó formalmente la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio. No es la primera vez que ocurre. Ya ha finales de junio el sucesor de Hugo Chávez tomó la misma medida, después revertida, y lo hizo con el mismo propósito: responder a un nuevo paquete de sanciones. La Unión pidió reconsiderar la decisión, que profundiza el aislamiento del país.


La expulsión fue comunicada a la representante de Bruselas por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien citó a la diplomática, de nacionalidad portuguesa, y le entregó una carta en la que las autoridades chavistas la declaran “persona non grata”. El ministro de Relaciones Exteriores también entregó una nota de protesta a los representantes de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Se trata de una amenaza muy frecuente del régimen, que recurre a estos mecanismos para reivindicar su soberanía. Estas escenificaciones acaban a menudo en una rectificación. Sin embargo, ha habido excepciones. La de Estados Unidos, por ejemplo, cuya Embajada opera desde Bogotá desde hace años. Además, las premisas actuales son algo distintas. El chavismo recuperó a principios de enero la mayoría de Asamblea Nacional tras unas elecciones no reconocidas por la inmensa mayoría de la llamada comunidad internacional. Y, ya con el control de todas las instituciones, no está dispuesto a admitir nuevas advertencias desde el exterior.

La decisión de Caracas, que en cualquier caso vuelve a tensar la cuerda, partió precisamente del Parlamento. En el Pleno del martes, Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara, había tomado la iniciativa contra Brilhante y solicitado a Maduro su expulsión, que se ejecutó este miércoles, y el cierre la oficina de su legación. Los legisladores chavistas desafiaron además al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al ofrecerle una lista completa de los miembros del Parlamento para que los “sancionen a todos”. “Sería un honor”, dijo Rodríguez.

Bruselas impuso medidas contra 19 funcionarios venezolanos que incluyeron la congelación de cuentas y activos dentro del espacio europeo y la prohibición de ingreso. Es una respuesta a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, que se celebraron si la participación de los candidatos opositores y registraron serias irregularidades y una alta abstención. El propio Borrell había solicitado su aplazamiento. Después de que una misión diplomática viajara a Venezuela para estudiar si se daban las condiciones para enviar un grupo de observadores, la UE determinó que las garantías para una contienda limpia eran insuficientes. El régimen rechazó de plano cambiar la fecha de la votación, alegando los plazos de la Constitución, y siguió adelante con el proceso electoral.

Los comicios no fueron reconocidos ni por la Unión Europea ni Estados Unidos y gran parte de los Gobiernos de la región. Según la decisión de la UE, los sancionados socavaron la democracia en Venezuela. “Son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, señala el comunicado suscrito por los Veintisiete.

Las nuevas sanciones europeas amplían la lista de afectados de 36 a 55 e incluyen ahora a diputados de un sector muy minoritario de la oposición que acabó pactando con el chavismo, como José Brito y Bernabé Gutiérrez. Además, la última decisión golpea a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), empezando por su presidenta, Indira Alfonzo. También figuran en la lista el comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, el gobernador del Estado de Zulia, Omar José Prieto, el fiscal militar Jesús Vasquez y los jefes policiales y militares de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas.

Estos escuadrones, especialmente el primero, han sido acusados por varios organismos multilaterales de graves violaciones de los derechos humanos. Entre los sancionados por Bruselas ya estaban la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, considerado como número dos del chavismo. En su conjunto, los funcionarios chavistas con sanciones internacionales son más de 150.

La decisión de la UE se da en un momento en que el Gobierno bolivariano busca revertir las restricciones impuestas por la Administración de Donald Trump, sobre todo las que repercuten en el mercado petrolero. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha abierto la puerta a una nueva etapa y a una posible relajación del llamado cerco diplomático, aunque los primeros gestos de Washington dan a entender que el nuevo presidente se tomará su tiempo para estudiar la situación. Además, es probable que el instrumento de las sanciones y su levantamiento se enmarque en el contexto de un nuevo intento de diálogo entre el régimen y la oposición encaminado a la convocatoria de un proceso electoral con garantías y reconocido todas por las partes.

La postura del canciller Arreaza escaló de un día a otro. El mismo lunes, cuando se conocieron las sanciones europeas, la Cancillería emitió un comunicado en el que las consideraba una “torpe decisión, cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”. También hacía un llamamiento contra lo que calificó de “agresiones imperiales”. Sin embargo, no iba más allá. Tras la petición del Parlamento, Maduro recogió el guante y sí ordenó la expulsión.

El 29 de junio del año pasado, Maduro ordenó su expulsión horas después de que Bruselas aplicara sanciones contra 11 funcionarios. La medida fue dejada sin efecto días después tras una conversación entre Borrell y Arreaza. Esta última decisión también tuvo reacciones en algunos sectores moderados de la oposición y la sociedad civil, que consideran que la presión se puede convertir en una cuña que frene la posibilidad de lograr un acuerdo político sobre las elecciones regionales de este año que está promoviendo otra renovación del tribunal electoral. Juan Guaidó en cambio se solidarizó con la embajadora y cargó contra la decisón de Maduro al considerar que su “soberbia ante el fracaso del fraude del 6 de diciembre lo aísla más del mundo”.

Nuevas sanciones a Guaidó

El llamamiento de la Asamblea Nacional a expulsar a la embajadora europea en Caracas, Isabel Brilhante, coincidió con una nueva decisión judicial contra los principales dirigentes de la oposición, ya despojados en la práctica de poder institucional. La Contraloría General, el organismo público encargado de fiscalizar la administración del patrimonio del Estado, inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados para ejercer cargos públicos durante 15 años, con el argumento de que se negaron a presentar una declaración jurada de patrimonio tras dejar sus cargos el pasado 5 de enero. “Algo tienen que ocultar”, dijo el contralor, Elvis Amoroso, en un mensaje transmitido por la televisión pública.

Guaidó perdió de facto el control de la Asamblea Nacional, de la que era presidente desde enero de 2019, tras las elecciones de diciembre. Su cargo de jefe del legislativo sustentaba también el amplio reconocimiento internacional como presidente interino frente a Nicolás Maduro, que obtuvo hace dos años en pleno pulso por lograr la renuncia del sucesor de Hugo Chávez y la conformación de un Gobierno de transición. Al quedar excluido del Parlamento, sin embargo, vairas instancias dejaron de atribuirle ese papel. Entre ellas, la misma Unión Europea, aunque Bruselas sí lo considera un interlocutor de primera línea para la resolución de la crisis venezolana.

La medida anunciada por la Contraloría refleja la voluntad del chavismo de apartarlo de la vida pública y se suma a la inhabilitación que ya sufriera el propio Guaidó en marzo de 2019 por, también, negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio ese año. “Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres, nuestra lucha es por recuperarlas”, respondió el dirigente opositor al conocer las nuevas sanciones que enfrenta.

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