El chavismo elevó este miércoles la tensión con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del Gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra el régimen. Venezuela ordenó formalmente la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio. No es la primera vez que ocurre. Ya ha finales de junio el sucesor de Hugo Chávez tomó la misma medida, después revertida, y lo hizo con el mismo propósito: responder a un nuevo paquete de sanciones. La Unión pidió reconsiderar la decisión, que profundiza el aislamiento del país.

La expulsión fue comunicada a la representante de Bruselas por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien citó a la diplomática, de nacionalidad portuguesa, y le entregó una carta en la que las autoridades chavistas la declaran “persona non grata”. El ministro de Relaciones Exteriores también entregó una nota de protesta a los representantes de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Se trata de una amenaza muy frecuente del régimen, que recurre a estos mecanismos para reivindicar su soberanía. Estas escenificaciones acaban a menudo en una rectificación. Sin embargo, ha habido excepciones. La de Estados Unidos, por ejemplo, cuya Embajada opera desde Bogotá desde hace años. Además, las premisas actuales son algo distintas. El chavismo recuperó a principios de enero la mayoría de Asamblea Nacional tras unas elecciones no reconocidas por la inmensa mayoría de la llamada comunidad internacional. Y, ya con el control de todas las instituciones, no está dispuesto a admitir nuevas advertencias desde el exterior.

La decisión de Caracas, que en cualquier caso vuelve a tensar la cuerda, partió precisamente del Parlamento. En el Pleno del martes, Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara, había tomado la iniciativa contra Brilhante y solicitado a Maduro su expulsión, que se ejecutó este miércoles, y el cierre la oficina de su legación. Los legisladores chavistas desafiaron además al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al ofrecerle una lista completa de los miembros del Parlamento para que los “sancionen a todos”. “Sería un honor”, dijo Rodríguez.

Bruselas impuso medidas contra 19 funcionarios venezolanos que incluyeron la congelación de cuentas y activos dentro del espacio europeo y la prohibición de ingreso. Es una respuesta a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, que se celebraron si la participación de los candidatos opositores y registraron serias irregularidades y una alta abstención. El propio Borrell había solicitado su aplazamiento. Después de que una misión diplomática viajara a Venezuela para estudiar si se daban las condiciones para enviar un grupo de observadores, la UE determinó que las garantías para una contienda limpia eran insuficientes. El régimen rechazó de plano cambiar la fecha de la votación, alegando los plazos de la Constitución, y siguió adelante con el proceso electoral.

Los comicios no fueron reconocidos ni por la Unión Europea ni Estados Unidos y gran parte de los Gobiernos de la región. Según la decisión de la UE, los sancionados socavaron la democracia en Venezuela. “Son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales”, señala el comunicado suscrito por los Veintisiete.

Las nuevas sanciones europeas amplían la lista de afectados de 36 a 55 e incluyen ahora a diputados de un sector muy minoritario de la oposición que acabó pactando con el chavismo, como José Brito y Bernabé Gutiérrez. Además, la última decisión golpea a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), empezando por su presidenta, Indira Alfonzo. También figuran en la lista el comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, el gobernador del Estado de Zulia, Omar José Prieto, el fiscal militar Jesús Vasquez y los jefes policiales y militares de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas.

Estos escuadrones, especialmente el primero, han sido acusados por varios organismos multilaterales de graves violaciones de los derechos humanos. Entre los sancionados por Bruselas ya estaban la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, considerado como número dos del chavismo. En su conjunto, los funcionarios chavistas con sanciones internacionales son más de 150.

La decisión de la UE se da en un momento en que el Gobierno bolivariano busca revertir las restricciones impuestas por la Administración de Donald Trump, sobre todo las que repercuten en el mercado petrolero. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha abierto la puerta a una nueva etapa y a una posible relajación del llamado cerco diplomático, aunque los primeros gestos de Washington dan a entender que el nuevo presidente se tomará su tiempo para estudiar la situación. Además, es probable que el instrumento de las sanciones y su levantamiento se enmarque en el contexto de un nuevo intento de diálogo entre el régimen y la oposición encaminado a la convocatoria de un proceso electoral con garantías y reconocido todas por las partes.

La postura del canciller Arreaza escaló de un día a otro. El mismo lunes, cuando se conocieron las sanciones europeas, la Cancillería emitió un comunicado en el que las consideraba una “torpe decisión, cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”. También hacía un llamamiento contra lo que calificó de “agresiones imperiales”. Sin embargo, no iba más allá. Tras la petición del Parlamento, Maduro recogió el guante y sí ordenó la expulsión.

El 29 de junio del año pasado, Maduro ordenó su expulsión horas después de que Bruselas aplicara sanciones contra 11 funcionarios. La medida fue dejada sin efecto días después tras una conversación entre Borrell y Arreaza. Esta última decisión también tuvo reacciones en algunos sectores moderados de la oposición y la sociedad civil, que consideran que la presión se puede convertir en una cuña que frene la posibilidad de lograr un acuerdo político sobre las elecciones regionales de este año que está promoviendo otra renovación del tribunal electoral. Juan Guaidó en cambio se solidarizó con la embajadora y cargó contra la decisón de Maduro al considerar que su “soberbia ante el fracaso del fraude del 6 de diciembre lo aísla más del mundo”.

Nuevas sanciones a Guaidó

El llamamiento de la Asamblea Nacional a expulsar a la embajadora europea en Caracas, Isabel Brilhante, coincidió con una nueva decisión judicial contra los principales dirigentes de la oposición, ya despojados en la práctica de poder institucional. La Contraloría General, el organismo público encargado de fiscalizar la administración del patrimonio del Estado, inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados para ejercer cargos públicos durante 15 años, con el argumento de que se negaron a presentar una declaración jurada de patrimonio tras dejar sus cargos el pasado 5 de enero. “Algo tienen que ocultar”, dijo el contralor, Elvis Amoroso, en un mensaje transmitido por la televisión pública.

Guaidó perdió de facto el control de la Asamblea Nacional, de la que era presidente desde enero de 2019, tras las elecciones de diciembre. Su cargo de jefe del legislativo sustentaba también el amplio reconocimiento internacional como presidente interino frente a Nicolás Maduro, que obtuvo hace dos años en pleno pulso por lograr la renuncia del sucesor de Hugo Chávez y la conformación de un Gobierno de transición. Al quedar excluido del Parlamento, sin embargo, vairas instancias dejaron de atribuirle ese papel. Entre ellas, la misma Unión Europea, aunque Bruselas sí lo considera un interlocutor de primera línea para la resolución de la crisis venezolana.

La medida anunciada por la Contraloría refleja la voluntad del chavismo de apartarlo de la vida pública y se suma a la inhabilitación que ya sufriera el propio Guaidó en marzo de 2019 por, también, negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio ese año. “Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres, nuestra lucha es por recuperarlas”, respondió el dirigente opositor al conocer las nuevas sanciones que enfrenta.

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