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2021-04-02 “Apoyar fumigación con glifosato envía un mensaje de crueldad”: organizaciones a Biden

“Apoyar fumigación con glifosato envía un mensaje de crueldad”: organizaciones a Biden

En una carta enviada a la Casa Blanca, 25 organizaciones internacionales y colombianas piden que el gobierno estadounidense no financie la aspersión aérea en Colombia. Enviará familias campesinas de la pobreza a la extrema pobreza, le advirtieron.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Una vez más la posibilidad de que el gobierno de Iván Duque retome las fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca hace levantar voces de rechazo no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Esta vez, 25 organizaciones entre internacionales y colombianas enviaron una misiva directamente a la Casa Blanca, en Washington, para que el presidente Biden no financie ese programa, como lo ha hecho antes ese país norteamericano.

Este nuevo documento, radicado ante la Casa Blanca el pasado viernes 26 de marzo, hace énfasis en las condiciones en las que viven las familias cultivadoras de coca en Colombia, que estarían entre 119.000 y 215.000 en todo el país, para afirmar que respaldar la fumigación “envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado”.


“La mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas”, se lee en el documento suscrito por organizaciones internacionales como Center for Internacional Environmental Law; Chicago Religious Leadership Network on Latin America; Drug Policy Alliance; Elementa DD.HH.; Oxfam America, Institute for Policy Studies, Drug Policy Project; y Washington Office on Latin America.

Según las cifras expuestas por las organizaciones en la misiva, los hogares que viven de la coca ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año, “lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína”. Además, le relatan al presidente Biden, se trata de familias que viven en zonas sin carreteras asfaltadas, sin red eléctrica nacional, sin agua potable, sin títulos de propiedad y en donde las compras se hacen con pasta de coca; zonas en las que “escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia”.

“Estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso”, sostienen en la carta que también suscriben las organizaciones colombianas Corporación Viso Mutop; el Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes; la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, ILEX Acción Juridica y el Proceso de Comunidades Negras.

 

En la misiva también se recuerda que entre 1994 y 2015 Estados Unidos respaldó el programa con el que se fumigaron 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, “una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware”.

En el documento, las organizaciones reafirman otros argumentos contra la fumigación aérea que también han dicho otras instancias en medio de la seguidilla de comunicaciones en las últimas semanas a los gobiernos de Biden y Duque en contra de ese método, entre ellos siete relatores de la ONU para derechos humanos o la misiva de 150 académicos de distintos países. Por ejemplo, que la fumigación aérea puede reducir el número de hectáreas sembradas de coca, pero que ello se limitará al corto plazo, o que tiene “enormes costos y pésimos resultados”.

Entre las consecuencias que traería regresar a esa estrategia, dicen las organizaciones, está debilitar aún más la gobernabilidad en esas regiones y empeorar la seguridad; enviar a las familias cultivadoras de la pobreza a la extrema pobreza; una alta probabilidad de resiembra de la coca; y una ola de protesta a gran escala, recordando las movilizaciones cocaleras de 1996. “Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años”, resalta la misiva.


Pero además de los argumentos contra la aspersión, las organizaciones son contundentes en su misiva: “sabemos lo que hay que hacer”. Según el documento, los campesinos que tienen títulos de propiedad o que viven cerca de carreteras pavimentadas no cultivan coca. Para ello, resaltan el programa de sustitución de cultivos de coca que se acordó en La Habana y la Reforma rural integral de ese mismo acuerdo, como un camino a seguir para el largo plazo.

En la carta, las organizaciones dicen tener esperanza de que el gobierno Biden no apoyará las fumigaciones. Desde que el presidente estadounidense asumió el poder, se ha especulado sobre la posición que asumirá frente a la lucha contra las drogas, pues algunos sectores han señalado que podría darle un giro a esta lucha, como lo ha hecho a nivel doméstico con un nuevo enfoque hacia los consumidores de drogas más hacia la salud pública que al punitivo. Sin embargo, otros han recordado que el hoy presidente fue uno de los protagonistas del Plan Colombia, que intensificó la lucha contra el narcotráfico.

2021-02-24 Medio siglo de lucha por los derechos indígenas en Colombia

Medio siglo de lucha por los derechos indígenas en Colombia

Cincuenta años, llenos de constantes desafíos, cumple el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Dos de sus dirigentes históricos hacen balance.

Elides Pechené es un exconsejero mayor del CRIC, pertenece al pueblo Misak y piensa que, en estos 50 años, se debe sentir satisfacción por la recuperación de muchas tierras anteriormente usurpadas a los indígenas y que para 1971, estaban en manos de los terratenientes, de la Iglesia y de la esfera política tradicional. Para Elides es tan importante la recuperación de la tierra como la recuperación de la legítima autoridad en los territorios indígenas, también en manos los despojadores. 

Alfonso Peña es un indígena Nasa, es desmovilizado de la guerrilla indígena del “Movimiento Quintín Lame”, que firmó la paz con el gobierno colombiano en 1991. Gracias a ello, fue uno de los tres constituyentes indígenas que participaron en la discusión y promulgación de la actual Constitución Política de Colombia. 

Con la nueva Constitución, los Resguardos Indígenas comienzan a recibir el 0,52% de los recursos del sistema general de participaciones del país. Sin embargo, su asignación se tasa en el presente año en aproximadamente 40 dólares al año por cada habitante indígena censado. Si bien esta fue una conquista de las demandas indígenas, Alfonso cree que, como consecuencia de ello, los cabildos indígenas se dedicaron a administrar, pero descuidaron lo organizativo. Este cambio en las prioridades, ha creado una nueva generación de líderes expertos en proyectos, pero sin la mística y la visión de los anteriores, complementa Alfonso.

Negociaciones con el Gobierno

A partir de la década del 90, disminuye el proceso de recuperación de tierras en el Cauca y comienza una etapa de movilizaciones y negociaciones con el Gobierno. Alfonso asegura que en las recuperaciones de tierra se logró mucho más que en las negociaciones de las últimas tres décadas. Así lo evidencian los datos: el área adquirida por el Gobierno con destino a las comunidades indígenas del Cauca, corresponde solo a un 12% de los territorios en posesión de estas.

Alfonso peña es ahora abogado de la organización. Cree que el tema jurídico es uno de los principales obstáculos para los pueblos indígenas en Colombia en la actualidad. Explica que el Gobierno no ha querido entender las exigencias sobre el gobierno propio, una de las principales demandas, que otorgaría autonomía plena a las autoridades indígenas para gobernar sus territorios según sus usos y costumbres. Treinta años después de promulgada la Constitución, el gobierno se ha negado a promulgar una ley de reordenamiento territorial que le dé el carácter pleno de Entidades Territoriales a los Resguardos Indígenas. Y es porque este tema se cruza con otras demandas, como la devolución de áreas ancestrales, la ampliación de los resguardos y la dotación nuevas tierras.

Consecuencias del conflicto armado

Otro de los problemas más graves que afronta el CRIC en estos momentos, enfatiza Alfonso, es el conflicto armado. Ha sido muy dura la arremetida en contra de las autoridades y líderes indígenas y eso está llevando al desplazamiento de muchas familias y al debilitamiento de las estructuras de autoridad y organización en muchas zonas.  Sin embargo, él cree que el CRIC persistirá y se fortalecerá gracias a la experiencia y capacidad de convocar y generar unidad. Por eso ahora se proyecta también como organización nacional.

Al inicio de la organización, los dirigentes tenían máximo segundo grado de educación primaria y lograron crear una de las organizaciones más fuertes y duraderas del continente, concluye Elides. Las nuevas generaciones se han beneficiado de lo que se ha logrado en derechos educativos y muchos se han formado académicamente en las universidades convencionales, pero no en la universidad de la vida y esto les debilita el criterio práctico y organizativo que tenían los fundadores. Para él, la formación de las nuevas generaciones, sin perder ese hilo de la historia, constituye uno de los retos más grandes de la recientemente reconocida Universidad Indígena Intercultural; uno de los últimos logros del CRIC.

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