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2021-04-02 “Apoyar fumigación con glifosato envía un mensaje de crueldad”: organizaciones a Biden

“Apoyar fumigación con glifosato envía un mensaje de crueldad”: organizaciones a Biden

En una carta enviada a la Casa Blanca, 25 organizaciones internacionales y colombianas piden que el gobierno estadounidense no financie la aspersión aérea en Colombia. Enviará familias campesinas de la pobreza a la extrema pobreza, le advirtieron.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Una vez más la posibilidad de que el gobierno de Iván Duque retome las fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca hace levantar voces de rechazo no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Esta vez, 25 organizaciones entre internacionales y colombianas enviaron una misiva directamente a la Casa Blanca, en Washington, para que el presidente Biden no financie ese programa, como lo ha hecho antes ese país norteamericano.

Este nuevo documento, radicado ante la Casa Blanca el pasado viernes 26 de marzo, hace énfasis en las condiciones en las que viven las familias cultivadoras de coca en Colombia, que estarían entre 119.000 y 215.000 en todo el país, para afirmar que respaldar la fumigación “envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que Estados Unidos no debería seguir asociado”.


“La mayoría de los productores colombianos del arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado ni partidarios de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas”, se lee en el documento suscrito por organizaciones internacionales como Center for Internacional Environmental Law; Chicago Religious Leadership Network on Latin America; Drug Policy Alliance; Elementa DD.HH.; Oxfam America, Institute for Policy Studies, Drug Policy Project; y Washington Office on Latin America.

Según las cifras expuestas por las organizaciones en la misiva, los hogares que viven de la coca ganan alrededor de 1.000 dólares por persona al año, “lo que los convierte en el eslabón peor pagado de la cadena de suministro de cocaína”. Además, le relatan al presidente Biden, se trata de familias que viven en zonas sin carreteras asfaltadas, sin red eléctrica nacional, sin agua potable, sin títulos de propiedad y en donde las compras se hacen con pasta de coca; zonas en las que “escasean las evidencias de la existencia del gobierno de Colombia”.

“Estas personas necesitan ser gobernadas y protegidas por su Estado. Un avión que sobrevuele anónimamente, rociando productos químicos en zonas pobladas, es exactamente lo contrario de eso”, sostienen en la carta que también suscriben las organizaciones colombianas Corporación Viso Mutop; el Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes; la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, ILEX Acción Juridica y el Proceso de Comunidades Negras.

 

En la misiva también se recuerda que entre 1994 y 2015 Estados Unidos respaldó el programa con el que se fumigaron 1.8 millones de hectáreas de territorio colombiano, “una superficie de tierra tres veces y media el tamaño del estado de Delaware”.

En el documento, las organizaciones reafirman otros argumentos contra la fumigación aérea que también han dicho otras instancias en medio de la seguidilla de comunicaciones en las últimas semanas a los gobiernos de Biden y Duque en contra de ese método, entre ellos siete relatores de la ONU para derechos humanos o la misiva de 150 académicos de distintos países. Por ejemplo, que la fumigación aérea puede reducir el número de hectáreas sembradas de coca, pero que ello se limitará al corto plazo, o que tiene “enormes costos y pésimos resultados”.

Entre las consecuencias que traería regresar a esa estrategia, dicen las organizaciones, está debilitar aún más la gobernabilidad en esas regiones y empeorar la seguridad; enviar a las familias cultivadoras de la pobreza a la extrema pobreza; una alta probabilidad de resiembra de la coca; y una ola de protesta a gran escala, recordando las movilizaciones cocaleras de 1996. “Hoy en día, los cultivadores están aún mejor organizados que hace 25 años”, resalta la misiva.


Pero además de los argumentos contra la aspersión, las organizaciones son contundentes en su misiva: “sabemos lo que hay que hacer”. Según el documento, los campesinos que tienen títulos de propiedad o que viven cerca de carreteras pavimentadas no cultivan coca. Para ello, resaltan el programa de sustitución de cultivos de coca que se acordó en La Habana y la Reforma rural integral de ese mismo acuerdo, como un camino a seguir para el largo plazo.

En la carta, las organizaciones dicen tener esperanza de que el gobierno Biden no apoyará las fumigaciones. Desde que el presidente estadounidense asumió el poder, se ha especulado sobre la posición que asumirá frente a la lucha contra las drogas, pues algunos sectores han señalado que podría darle un giro a esta lucha, como lo ha hecho a nivel doméstico con un nuevo enfoque hacia los consumidores de drogas más hacia la salud pública que al punitivo. Sin embargo, otros han recordado que el hoy presidente fue uno de los protagonistas del Plan Colombia, que intensificó la lucha contra el narcotráfico.

2021-03-22 Fiscal de EE.UU. dice que presidente de Honduras fue socio de narcolaboratorio

Fiscal de EE.UU. dice que presidente de Honduras fue socio de narcolaboratorio

Asegura que el intermediario entre Juan Orlando Hernández y Geovanny Fuentes era su hermano “Tony”, condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, por los que podría recibir cadena perpetua.

Juan Orlando Hernández, en una imagen de archivo.

El presidente de Honduras fue socio en un laboratorio de cocaína que fabricó toneladas de droga para enviarla a Estados Unidos, aseguró este viernes (19.03.2021) un fiscal de Nueva York en un juicio por narcotráfico que aborda la corrupción arraigada al más alto nivel político en el país centroamericano.

Los fiscales de la corte federal de Manhattan aseguran que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue socio en el tráfico de drogas del acusado Geovanny Fuentes Ramírez y de su hermano Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019. Y aunque no lo han inculpado, a lo largo del proceso de dos semanas insistieron en su participación en la conspiración.

“Juan Orlando Hernández no solo quería el efectivo del acusado (en sobornos), quería acceso a la cocaína del acusado (…) para poder exportarla” a Estados Unidos a través de Puerto Cortés, el mayor puerto hondureño, cercano al laboratorio de cocaína instalado en Cerro Negro, dijo el fiscal Michael Lockard en su alegato de clausura del juicio de Fuentes.

El fiscal dijo que el intermediario entre el presidente y Fuentes era su hermano Tony.

“Tony Hernández, como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, que aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros, es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales”, dijo Lockard.

Afirmó que “Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Pepe Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez que se convirtió en vicepresidente y a muchos otros”.

El presidente de Honduras niega todas las acusaciones y asegura que combatió con gran éxito el narcotráfico desde que asumió el cargo en 2014.

El fiscal Lockard afirmó que el laboratorio de cocaína, ubicado cerca de la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, no fue cerrado tras su allanamiento en 2011, como se presumió en la época, sino que siguió operando después de 2013.

Recordó que en la operación policial realizada en 2011 no se hallaron drogas, pues el acusado fue alertado del allanamiento, y que luego Fuentes secuestró, torturó y asesinó junto con su socio Melvin “Metro” Sandres al policía que dirigió el operativo.

“El laboratorio no cerró porque el acusado llegó a un acuerdo con Juan Orlando Hernández y su hermano (…) para que siguiera funcionando”, dijo Lockard. “Había demasiado dinero en juego”.

En su alegato final, el abogado de la defensa Avi Moskowitz atacó duramente la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno, sobre todo del exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado el asesinato de 78 personas y enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel.  

Juan Antonio “Tony” Hernández, antes de ser extraditado a Estados Unidos y ser declarado culpable, negó siempre estar vinculados a actividades del narcotráfico.

Descalifican declaración de testigos

“Ese hombre tiene que ser la persona más vil y despreciable que cualquiera de nosotros haya conocido en cualquier ámbito de la vida. Y esa es la persona que el gobierno puso en el banquillo de los testigos, y a quien pidió creer más allá de toda duda razonable. Un hombre que no tiene moral, no tiene escrúpulos y probablemente no tiene alma”, dijo Moskowitz.

También dijo que el gobierno no ha mostrado videos, fotos, informes policiales o forenses u otras pruebas que garanticen la culpabilidad del acusado.

“La conclusión es que no hay pruebas de ningún trato corrupto con todos esos policías y políticos”, aseveró.

Los fiscales aseguran que el acusado eliminó pruebas como mensajes de texto y WhatsApp, pero destacan que tenía el contacto de Hernández y de muchos otros políticos y policías en su teléfono celular, y que en dos oportunidades buscó cómo conducir a la casa presidencial en la aplicación Waze, justo después de que fiscales estadounidenses presentaran ante la justicia documentos claves en el caso contra Tony Hernández.

“Las pruebas en el juicio han mostrado que el acusado es exactamente quienes dijimos que era, un narco violento que distribuyó montos masivos de cocaína y cometió actos de corrupción y asesinatos”, sostuvo por su lado el fiscal Jacob Gutwillig.

Fuentes, detenido hace un año en Miami, es acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas. El jurado comenzó a deliberar su veredicto el viernes y seguirá haciéndolo el lunes próximo.

La sentencia de Tony Hernández, acusado de traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, está prevista para el 30 de marzo.

Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014), fue sentenciado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por el tráfico de 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Tsunami de falsos testimonios

Al respecto, la Presidencia de Honduras dijo que el encarcelamiento de narcotraficantes hondureños en Estados Unidos y la reducción del tráfico de drogas en el país produjo “un tsunami de falsos testimonios” contra el presidente de la nación centroamericana, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. 

“¿Podrían los medios de comunicación informar al público que una vez que usted entiende que por primera vez en la historia decenas de narcos hondureños vengativos están en las cárceles estadounidenses, resuelve el rompecabezas de por qué ahora, después de que JOH (Juan Orlando Hernández) produjo una reducción del 95 % del tráfico, hay un tsunami de falso testimonio en SDNY (Distrito Sur de Nueva York)”, indicó hoy el Ejecutivo hondureño en una serie de mensajes en Twitter. 

Los tuits de la Casa Presidencial tienen lugar luego de que la Fiscalía de Estados Unidos insistió hoy, durante la conclusión de un juicio contra el supuesto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, en que el presidente Hernández se asoció con el acusado para enriquecerse con la venta de cocaína producida en un laboratorio de drogas.  

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