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El Gobierno de la isla abrirá la puerta a la banca privada, a la inversión extranjera y busca dar un impulso al sector turísico faciltando a las empresas el desarrollo inmobiliario.
Tras décadas de declive económico, empobrecimiento de la población y sumidos en una crisis que muchos expertos coinciden en calificar más grave que la de la periodo especial de los años 90 -tras el colapso de la Unión Soviética-, el Gobierno cubano se ha visto forzado a aprobar una histórica reforma con la que se impulsará una liberalización escalada de la economía de la isla. En un contexto de carestía de alimentos, productos básicos como el combustible, y con numerosos apagones, la presión de Estados Unidos parece dar sus primeros frutos.
Está por ver cómo el Gobierno comunista de la isla presidido por Miguel Díaz-Canel hace efectivas las reformas, si bien la mera ratificación de esta batería de 176 medidas por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular -y respaldadas por el Comité Central del Partido Comunista- suponen un volantazo en la política económica del país, con el objetivo de revertir las situación.
Prácticamente todas las áreas se ven afectadas en la dirección de liberalizar la economía dando un mayor espacio y margen de desarrollo al capital privado. Sin entrar en detalles, la norma aprobada autorizará las operaciones de la banca privada, bajo supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) -en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal- y permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias de capital privado (nacional o extranjero) para microcréditos.
Se diseñarán otras vías de capitalización para los bancos, además de los recursos del presupuesto del Estado, y se eliminarán las restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales. Además, permitirá la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin autorización administrativa previa.
También se posibilitará que los cubanos residentes en el exterior inviertan directamente en la isla en igualdad de condiciones con el capital extranjero y empresas estatales. Y se plantea eliminar las trabas burocráticas comerciales, flexibilizar las cuentas bancarias foráneas y extender el límite del otorgamiento de derechos de superficie. Mientras que se permitirá la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales.
Asimismo, se prevé eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal y posibilitar que los inversores extranjeros dispongan de sus ingresos en divisas y permitir su acceso al mercado cambiario. El primero es un elemento clave que elevará el margen de decisión de las empresas que emprendan negocios en la isla sobre el personal que decidan contratar. Además, será posible superar el límite actual de 100 trabajadores reservado al sector público.
Del mismo modo, las reformas posibilitarán que una persona pueda ser titular de más de una empresa privada y, por primera vez, prevén la creación de pymes en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas.
También son clave las medidas para impulsar el turismo, que se atisba como uno de los sectores esenciales para la captación de inversión exterior por su elevado atractivo. Se prevé la entrada de nuevos inversores bajo nuevas modalidades de negocio y la expansión internacional de franquicias cubana y se permitirán, entre otras actividades, el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, así como establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en La Habana.
Cabe recordar que la situación de colapso y el choque entre el Gobierno cubano y el de Estados Unidos ha provocado en las últimas semanas un repliegue de un importante número de empresas hoteleras en la isla (ver información relacionada).
Por otro lado, se iniciará la sustitución gradual de los subsidios universales (los productos de la conocida libreta de abastecimiento que posee cada cubano) por una línea de ayudas a personas vulnerables.
Aunque el presidente Díaz-Canel niega que se trate de una cesión ante Washington, cabe recordar que la Administración Trump ha elevado la presión sobre el Gobierno cubano, llegando a imponer desde el pasado enero un bloqueo petrolero a la isla, aumentando la sanciones y amenazando con «tomar el control» de Cuba para forzar cambios económicos.
La escasez de combustible, suministros y las sanciones de Estados Unidos han forzado a varias cadenas hoteleras españolas presentes desde hace décadas a anunciar durante las últimas semanas la reducción de su presencia en Cuba. En primer lugar, Iberostar dejó de operar doce hoteles asociados al grupo sancionado Gaesa, manteniendo solo seis disponibles. Por su parte, Meliá ha limitado su capacidad operativa al 50%, con 20 establecimientos activos de los 35 que poseía en la isla. Barceló conserva únicamente uno de sus dos hoteles por la baja demanda, mientras que Minor (antigua NH) optó por retirar completamente sus operaciones en la isla caribeña en 2025, cerrando definitivamente sus dos hoteles de La Habana.
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